El pasado 14 de octubre de 2025 supuso un punto de inflexión para miles de organizaciones que aún operaban con Windows 10. Ese día dejó de estar disponible el soporte de seguridad estándar y, desde entonces, las empresas se enfrentan a un escenario marcado por mayores costes operativos y un incremento de la superficie de riesgo. Sesenta días después, el impacto del cambio ya es visible en la gestión tecnológica y en la planificación presupuestaria de numerosos entornos corporativos.
Fin del soporte: un escenario que modifica la estrategia empresarial
Durante una década, Windows 10 fue el sistema operativo predominante en las compañías. Sin embargo, su ciclo gratuito ha concluido, obligando a muchas organizaciones a recurrir al programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU). Este servicio ofrece parches críticos, pero introduce un gasto progresivo por dispositivo que aumenta cada año. Para los departamentos financieros, la decisión de seguir operando con equipos no compatibles con Windows 11 deja de ser una cuestión de preferencia técnica y se convierte en un factor que condiciona directamente el presupuesto.
Este nuevo coste no solo afecta a la renovación de hardware. También influye en la planificación de inversiones futuras, ya que prolongar el uso de un sistema sin soporte implica asumir una deuda técnica que impacta en la continuidad del negocio.
Sesenta días de vulnerabilidad ampliada
El riesgo no es únicamente económico. Los expertos en ciberseguridad advierten de que, tras el fin del soporte, se abre una fase especialmente crítica. En este periodo, los atacantes pueden analizar los parches de Windows 11 para identificar vulnerabilidades que permanecen activas en Windows 10 sin soporte. La ausencia de actualizaciones automáticas —excepto para quienes están adheridos al programa ESU— convierte cada equipo en un posible punto de acceso a la red corporativa.
Esta situación afecta directamente al cumplimiento normativo, ya que marcos como ISO/IEC 27001 o el RGPD exigen una gestión activa del riesgo tecnológico. Utilizar software sin soporte puede comprometer la eficacia de los controles de seguridad y exponer a la organización a sanciones.
Un riesgo mayor en el contexto español
En España, el impacto es especialmente relevante. El tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pymes, muchas de las cuales utilizan equipos que no cumplen los requisitos necesarios para la actualización a Windows 11. A ello se suma la exigencia del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que demanda el uso de tecnologías actualizadas y protegidas.
Operar con Windows 10 sin soporte puede comprometer la conformidad con el ENS en organismos públicos y en empresas proveedoras de la Administración. Además, cualquier brecha relacionada con datos personales puede derivar en un incumplimiento del RGPD, aumentando tanto la exposición legal como la reputación corporativa. La combinación de estos elementos obliga a acelerar la transición tecnológica para evitar riesgos operativos.
Medidas inmediatas para empresas que siguen en Windows 10
Estas son algunas acciones prioritarias para contener el riesgo mientras se completa la migración:
- Activar el programa ESU como solución temporal para cubrir vulnerabilidades críticas, teniendo en cuenta que implica un coste anual por dispositivo cuyo importe depende del tipo de licencia y del acuerdo comercial con Microsoft.
- Aislar o segmentar los equipos con Windows 10 para limitar la posibilidad de propagación de amenazas.
- Renovar el hardware no compatible con Windows 11, especialmente aquellos sin TPM 2.0, con el fin de eliminar la deuda técnica acumulada.
La retirada del soporte de Windows 10 no es solo un hito tecnológico: es un cambio que redefine la seguridad empresarial. Retrasar la migración incrementa el riesgo y eleva los costes operativos. Avanzar hacia entornos actualizados ya no es una mejora estratégica, sino una necesidad esencial para mantener infraestructuras seguras y preparadas para los desafíos de 2026.
