La medida permite retrasar el pago a Hacienda del IVA hasta que se cobren las facturas
Apenas 21.569 pymes y autónomos que facturan menos de dos millones de euros anuales se han acogido al sistema de IVA de caja en su primer año de aplicación, menos de un 1% de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios de una de las "medidas estrella" de la ley de apoyo a los emprendedores.
Del total, 10.385 altas corresponden a empresas y 11.184, a personas físicas, según fuentes del Ministerio de Hacienda.
La medida, que permite retrasar el pago a Hacienda del IVA repercutido en las ventas hasta que se cobren las facturas, era una reivindicación de las propias organizaciones empresariales y de autónomos.
Los proveedores podrían perder clientes
Las obligaciones para quienes se han acogido al IVA de caja se limitan a añadir en los libros de registro las fechas de cobro o pago y el medio utilizado.
Los clientes de las pymes y autónomos acogidos al régimen especial deben utilizar el criterio de caja también respecto a las operaciones realizadas con ellos, por lo que no pueden deducirse el IVA soportado hasta que no hayan pagado las facturas.
Esta ha sido la principal razón de que muchos autónomos no se hayan acogido al IVA de caja, según ha dicho hoy presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que ha explicado que el temor a perder clientes ha frenado la adscripción a este nuevo sistema.
Más liquidez para los autónomos
El objetivo era ofrecer un elemento más de apoyo a la liquidez y necesidades de tesorería de las empresas, fundamentalmente de aquellas que contratan con la administración.
El Ministerio de Hacienda señala que la mejora del plazo medio de pago en la Administración General del Estado, que ya está pagando dentro de los 30 días que marca la ley, y el efecto del plan de pago a proveedores y del fondo de liquidez autonómico han podido influir en la baja acogida del IVA de caja.
En concreto, subraya que el plan de proveedores ha dispuesto liquidez por 41.800 millones de euros, de los que 30.200 millones han ido a pagar facturas de las comunidades autónomas y otros 11.600 millones, a facturas de entidades locales.
Ello ha permitido reducir la deuda comercial de las comunidades autónomas al entorno de los 8.000 millones de euros al cierre de 2013, frente a los 25.000 millones de enero de 2012.
La norma es más ambiciosa que la implantada en otros países europeos como Alemania, Suecia, Portugal, Eslovenia y Estonia que han puesto el límite en una cifra de negocio anual de 500.000 euros, mientras que Reino Unido lo ha establecido en 1,75 millones e Italia en dos millones.
